Gastos hipotecarios tras la última jurisprudencia

Gastos hipotecarios tras la última jurisprudencia

23/01/2019 – El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado cinco (5) sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

Pincha en el siguiente enlace para acceder a las 5 sentencias del Tribunal Supremo.

En primer lugar el TS reitera que la cláusula que atribuye todos los gastos al deudor debe ser considerada abusiva en su totalidad y no forma parcial. Eso plantea la cuestión es cual es el efecto de esa declaración de nulidad.

Un primer problema es que esos gastos no se han pagado al banco sino a terceros por lo que no se produce directamente el efecto restitutorio del art. 1303 Cc. Tampoco la solución es reclamar a los terceros pues como dice el TS la anulación de la cláusula “no puede conllevar que esos terceros dejen de percibir lo que por ley les corresponde”. El TS acude a la Directiva 93/13, que impone que se restituya a la situación que se hubiera producido de no mediar la cláusula. Siguiendo la STJUE de 31 de mayo de 2018, asunto C-483/2016, que reconoce “un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva”, entiende que es el banco el que debe restituir. Es llamativo que no concrete claramente el fundamento pues en una de las sentencias habla solo de “una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto” mientras que en otras añade que “también tiene similitudes analógicas con el pago de lo indebido”. En todo caso el efecto es la obligación de restituir con el interés legal del dinero, lo cual parece correcto pues al partir ese enriquecimiento de una acto ilícito del acreedor, es lógico que esté obligado a indemnizar los perjuicios, y que estos se concreten en el interés legal.

El segundo problema a qué gastos se aplica esa obligación de restitución: algunos juzgados han entendido que la desaparición de la cláusula implica la obligación del banco de pagar todos los gastos (así por ejemplo J. 1ª Instancia de Málaga de 12-11-2018 (aquí) y la del J. Instrucción nº 1 de Segovia de 26-12-2018) . Sin embargo, el TS (siguiendo las STS de 15-3-2018) declara que no es así: lo que se deriva del art. 6.1 de la Directiva 93/13 es el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por ello, los tribunales deben entrar en el examen de a quién corresponden los gastos a falta de pacto, dado que eso es lo que determinará qué gastos se deben restituir. Para ello hay que examinar las reglas legales vigentes en el momento de contratar, y eso es lo que hace el TS, aclarando y concretando de sentencias anteriores.

En cuanto al Impuesto de AJD, reitera la doctrina de las sentencias 147/2018 y 148/2018, de 15 de marzo: el sujeto pasivo por la cuota variable es el deudor y el timbre se distribuye igual que los gastos notariales (en los que en la práctica está incluido). En consecuencia, no cabe restitución por este concepto. Agrega que “estas consideraciones han sido reafirmadas por las conclusiones de las sentencias del pleno de la Sala 3ª 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre”. Precisa además que “no quedan cuestionadas por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre… puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contiene regulación retroactiva alguna”. Esto es importante pues sale al paso de algunas interpretaciones de tribunales inferiores como las citadas y que ya antes habíamos considerado equivocadas.

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En cuanto a los gastos notariales, señala que existe un único concepto por préstamo hipotecario, sin que se distinga entre préstamo e hipoteca. El arancel notarial atribuye la obligación a quién “hubieren requerido la  prestación … y, en su caso, a los interesados”, y el TS entiende que “la intervención notarial interesa a ambas partes”: al prestamista por concederle un título ejecutivo e inscribible y al prestatario por obtener tipos más bajos. Por ello, atribuye los gastos de matriz por mitad.  Lo mismo se aplicará a la modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación. En la escritura de cancelación de la hipoteca, por el contrario, “el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto.” Respecto de las copias, del propio arancel (y también de la STS 15-3-2018) resulta que corresponden al que las solicite, y por tanto al prestamista.

Respecto de los gastos registrales, el arancel no habla de interesados sino que obliga a “aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba” por lo que corresponden por entero al banco, mientras que en la cancelación “ésta libera el gravamen y, por tanto, se inscribe en favor del prestatario, por lo que le corresponde este gasto”.

Finalmente, trata la cuestión de los gastos de gestoría. Ante la falta de una norma que los regule, el TS entiende que los debe pagar aquel a quién se presta el servicio y entendiendo que “ las gestiones se realizan en interés o beneficio de ambas partes, el gasto generado por este concepto deberá ser sufragado por mitad”. Esta conclusión es discutible que se aplique a las hipotecas posteriores a 10-11-2108, en las que el Impuesto de AJD corresponde al prestamista. Los servicios que presta la gestoría según el TS son “la llevanza al notario de la documentación para la confección de la escritura, su presentación en el registro de la propiedad o su presentación ante la Agencia Tributaria para el pago del impuesto”. Cuando estas dos últimas gestiones corresponden al Banco no está claro que el reparto por mitad sea razonable.

Por último, el TS considera necesario dejar claro que su doctrina no limita la posibilidad de regulación de esta materia y dice: “el legislador puede modificar la normativa aplicable y establecer otros criterios de atribución del pago de estos gastos…, como parece probable que lleve a cabo el proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario … Pero esas nuevas normas no pueden ser aplicadas con carácter retroactivo, salvo que en ellas se disponga lo contrario (art. 2.3 del Código Civil).”

Mientras entra en vigor la nueva normativa, los bancos deberían adaptar sus cláusulas a esta nueva doctrina del TS. En la actualidad la mayor parte de estas respetan esos criterios salvo en lo referente a los gastos de matriz de escritura que se suelen atribuir al deudor, por lo que deberían modificar este punto.

Modelo recurso multa de tráfico

Modelo recurso multa de tráfico

Por medio de este artículo, vamos a explicar las cuestiones básicas a la hora de confeccionar un recurso a una multa de tráfico.

Modelo recurso multa de tráfico

Antes de entrar en las cuestiones formales de como redactar un modelo de recurso, es importante aclarar que no es conveniente recurrir cualquier multa, y ello debido principalmente a que la propia sanción de tráfico nos ofrece un descuento en el importe de la sanción de un 50% en caso de proceder al pago de la misma en un plazo de 15 días naturales. Asumir el pago del 50% puede ser la mejor opción según que supuestos, pero debes saber que con el pago de dicho importe bonificado se reconoce implícitamente la comisión de la infracción por lo que renuncias a recurrir.

No obstante sí estas decidido a recurrir la sanción, lo primero y más importante es fijarte en que los datos de la sanción sean correctos y saber que plazo tenemos para recurrirla. Si estamos en plazo para recurrir, puede sernos muy útil acudir a la administración en cuestión para recabar información que nos pueda ayudar como medio de prueba. Es importante acudir en persona u a través de consulta telefónica, dado que si solicitamos información por medio de un escrito, se entenderá que has renunciado a la bonificación del 50%.

Recabada la información sabremos si la sanción es recurrible o no. En caso de no tenerlo claro lo ideal es acudir a un especialista que pueda asesorarnos.

Dicho todo lo anterior, los requisitos esenciales y que no pueden faltar en un modelo de recurso para las sanciones de tráfico son los siguientes:

1.- Datos del órgano al que te diriges: Siempre habrán dos opciones: a) Recurso ante la Jefatura Provincial de Tráfico que se trate. b) Ante el órgano municipal en cuestión (normalmente al Alcalde del Ayuntamiento de donde provenga la multa.

2.- El número de expediente del que derive la sanción administrativa.  Hay que fijarse bien cual de ellos es, dado que podemos encontrarnos con numeraciones que no son el expediente sancionador. Siempre podemos llamar por teléfono y confirmar cual de ellos es.

3.- Tus datos. Fundamental incluir tus datos, nombre apellidos DNI o NIE, domicilio matrícula del vehículo del que eres titular.

4.- Explicación de lo ocurrido. Cíñete a describir los hechos sin valorarlos.

5.- Alegaciones. Valora los hechos y explica porque la multa no se ajusta a derecho y no debe ser impuesta.

6.- Solicitud. En este último punto, deberás expresar lo que solicitas de forma concisa y en base a las alegaciones antes expuesta. (Que sea retirada la multa,..o reducción del importe).

7.- Firma e incluir lugar y fecha.

Pincha aquí para descargar un modelo de recurso.

Para más información:

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